En los últimos años, el número de procesos contenciosos administrativos ha crecido de manera sostenida. Esto refleja una ciudadanía más vigilante de sus derechos, pero también evidencia fallas en el cumplimiento de legalidad por parte de la Administración Pública.
Por ello, es clave contar con asesoría legal especializada, capaz de analizar el fondo del acto administrativo, identificar causales de nulidad y diseñar una estrategia procesal eficaz. Esto incrementa las posibilidades de éxito y reduce riesgos de improcedencia o rechazo de la demanda.
Ante ello, ¿qué pretensiones puedo plantear en mi demanda contencioso administrativa?
De acuerdo a lo establecido en el TUO de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, es posible formular las siguientes pretensiones:
1. Declaración de nulidad (total o parcial) o ineficacia de actos administrativos:
Cuando el acto administrativo que adolece de vicios graves, como contravenir la Constitución, las leyes o presentar defectos en sus requisitos esenciales.
2. Reconocimiento o restablecimiento de un derecho o interés legítimo:
Cuando se solicita que se reconozca o restituya un derecho que ha sido vulnerado por la actuación administrativa.
3. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo:
Cuando se solicita que se declare contraria al ordenamiento jurídico y se ordene el cese de una actuación material de la Administración Pública que carece de respaldo en un acto administrativo formal.
4. Orden de realización de una determinada actuación específica a la Administración Pública:
Cuando se solicita que se ordene a la Administración Pública cumplir con una actuación específica a la que está obligada por mandato legal o por un acto administrativo firme.
5. Indemnización por daños causados:
Cuando se solicita una compensación económica por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de una decisión contraria al ordenamiento jurídico por parte de la Administración Pública. Es importante destacar que esta pretensión debe plantearse de manera acumulativa con alguna de las anteriores.
La pretensión más frecuente: la nulidad del acto administrativo
Este tipo de pretensión implica demostrar que el acto impugnado incurre en alguna de las causales de nulidad establecidas en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las que son:
- La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
- El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez.
- Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
- Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma.
Conclusión
En un Estado de Derecho, los actos de la Administración Pública pueden ser sometidos a un control legal ante el Poder Judicial. En estos casos, el proceso contencioso administrativo se convierte en una herramienta esencial de defensa para el ciudadano frente a los actos, resoluciones u omisiones arbitrarias de la Administración Pública. Su finalidad principal es asegurar el control judicial de la Administración Pública y garantizar el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva.
